Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual de la ONU
La asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 2006 la convención de derechos de las personas con discapacidad.
España se sumó asumiendo el compromiso de su cumplimiento, el 30 marzo de 2008 siendo El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla secretario de estado de servicios sociales e igualdad.
Los países firmantes aceptan que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, sin discriminación promulgando la dignidad del ser humano y rechazando rotundamente la discriminación contra una persona por su discapacidad.
Esta ley recoge entre otros el derecho a la salud, el derecho a la vida independiente y la individualidad así como el derecho de participar en la sociedad desde el punto de vista político, civil, económico social y cultural.
Ha llovido bastante desde entonces y vemos cómo aún quedan por implantar muchas políticas y acciones orientadas hacia la implementación de esta ley.
En concreto nuestro país en el último informe de seguimiento del cumplimiento de la ley celebrado el 18 y el 19 de marzo de 2019, recogió las siguientes observaciones:
- El incumplimiento de la Convención y del modelo de derechos humanos de la discapacidad de varias leyes y políticas nacionales, regionales y municipales, y en particular del “Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social” de 2013 y de la “Ley de Promoción de la Autonomía Personal” de 2006.
La inquietud del Comité de que, aún sigamos inmersos en un concepto de la discapacidad médico y rehabilitador, frente a un modelo que reconoce las discapacidad en relación con los impedimentos y las barreras del entorno social.
La prevalencia de un enfoque paternalista.
La ausencia de estrategias específicas para garantizar la protección de la discriminación y el maltrato a las personas con discapacidad intelectual.
Los escasos avances producidos para garantizar la plena intervención y participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones.
Por todo ello el cumplimiento de estos derechos es el gran desafío, al que nos enfrentamos desde VALE ya que hay una gran distancia entre la norma y la práctica de estos derechos. Por eso no nos vamos a rendir.
VALE con el apoyo de nuestra comunidad, familias y fuerzas políticas estamos marcando estrategias para que las distancias se acorten cada vez más. Creemos que esto se debe hacer sin más demora, traduciéndolo en nuestras acciones diarias e influyendo en la política para el cumplimiento de los derechos para que esto impacte en la vida de las de las personas con discapacidad intelectual, que son nuestra razón de ser.
